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Este martes, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de cuatro proyectos para su tratamiento. Además del «Súper RIGI», la Ley de Ludopatía y la iniciativa para eliminar los sellos negros en los alimentos, se presentó la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, conocida como Ley de Lobby. Este proyecto apunta a regular la actividad de lobbying en Argentina y, según el Gobierno, busca fortalecer la confianza ciudadana en las autoridades.
El texto define el lobby como el mecanismo mediante el cual distintos actores sociales y corporativos intentan influir en las autoridades políticas y legislativas, con el objetivo de intervenir en la creación, modificación o derogación de normativas que impacten directamente en sus sectores.
Según el documento enviado a la Cámara de Diputados, el proyecto tiene como propósito “establecer los requisitos y procedimientos que regulan las gestiones de intereses destinadas a influir en la toma de decisiones públicas” en los ámbitos del Poder Ejecutivo y Legislativo, abarcando la elaboración de leyes, políticas públicas, contrataciones y designaciones.
El escrito, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el ministro del Interior Diego Sanitilli, señala que “este proyecto es una herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal”.
Para ello, se propone la creación de dos registros públicos: el Registro Público de Gestores de Intereses y el Registro Público de Gestión de Intereses. El primero tendrá como objetivo identificar y habilitar obligatoriamente a todas las personas físicas o jurídicas que realicen gestiones de intereses ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. El segundo registro dejará constancia de los contactos específicos que mantengan los funcionarios públicos con estos gestores en el ejercicio de sus funciones.
Los gestores estarán obligados a presentar reportes trimestrales sobre sus actividades. Además, el proyecto establece un especial control sobre la intervención de intereses extranjeros: aquellos que representen a gobiernos o partidos políticos de otros países deberán declararlo expresamente.
En cuanto a las sanciones, el proyecto contempla medidas administrativas y penales ante incumplimientos. Para los gestores, las multas pueden ir desde el pago equivalente a cinco salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para operar en Argentina. Las sanciones penales prevén penas de prisión de entre seis meses y tres años.
En el caso de los funcionarios públicos, la falta de registración y publicidad de sus gestiones se considera una gravedad institucional que puede derivar en mecanismos de remoción o juicio político, además de posibles imputaciones por delitos como cohecho.
El proyecto argentino toma como referencia la legislación estadounidense sobre lobby, en particular la Lobbying Disclosure Act de 1995 y su reforma, la Honest Leadership and Open Government Act de 2007. Al igual que en EE. UU., la iniciativa argentina exige informes trimestrales a través de una plataforma digital para garantizar la trazabilidad de los contactos.
Mientras que la ley estadounidense originalmente sólo preveía multas civiles, la reforma de 2007 incorporó sanciones penales de hasta cinco años de prisión por incumplimientos corruptos y multiplicó las multas civiles hasta 100.000 dólares. Además, en EE.UU. se exige identificar a los miembros de coaliciones o asociaciones que aporten más de 500 dólares trimestrales a un funcionario, una lógica similar a la del proyecto argentino, que requiere la identificación del beneficiario final y de todos los representados para evitar ocultamientos mediante grupos de fachada.
Sin embargo, existen diferencias importantes. En Argentina, la gestión de intereses se regula de modo amplio, incluyendo actividades onerosas y gratuitas, con o sin fines de lucro, mientras que la normativa estadounidense se centra principalmente en el lobby remunerado. Asimismo, la inscripción en el registro será previa y obligatoria para iniciar cualquier gestión en Argentina, a diferencia de Estados Unidos, donde se permite registrar hasta 45 días después del primer contacto o contratación.
Otros países que cuentan con normativas similares son Francia, Canadá y Chile.
El texto del proyecto destaca que la ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado espacios de opacidad que “afectan la confianza en el funcionamiento del Estado nacional y en la equidad de los procesos decisorios”.
En este contexto, la confianza en la gestión de Milei resulta un aspecto crítico. La última edición del Índice de Confianza en el Gobierno, elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y publicada el lunes, muestra que el nivel de confianza se encuentra en 1,99 puntos sobre una escala de 0 a 5. Esto implica una caída del 1,6% respecto a abril y representa el quinto mes consecutivo de descenso. Además, el promedio de la gestión actual bajó a 2,41 puntos, marcando su nivel más bajo hasta la fecha.
