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Fue en un plenario de comisiones, con el apoyo de la oposición dialoguista. La reforma del Régimen Penal Juvenil es impulsada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista lograron este martes a la tarde suscribir un dictamen de mayoría de un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Al promediar la reunión resolutiva de un nutrido plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, la diputada Laura Rodríguez Machado anunció que obraba en Secretaría un despacho con 77 firmas.
La iniciativa, acompañada por La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, superó en firmas al dictamen de Unión por la Patria (UxP), que mantiene los 16 años como umbral mínimo de punibilidad.
En junio del año pasado, el Poder Ejecutivo había presentado una iniciativa que bajaba a 13 años la edad de imputabilidad.
Tras ocho reuniones en la que participaron expertos de la sociedad civil y de la Justicia, en su gran mayoría críticos de la reforma planteada por el Gobierno, el oficialismo y sus aliados permanentes y coyunturales lograron sintetizar una nueva reforma del régimen de minoridad, inspirada con modificaciones respecto al proyecto original.
A lo largo de la jornada, el kirchnerismo ensayó algunas maniobras para intentar obstaculizar el dictamen de mayoría, al intentar cambiar a los diputados massistas que estaban a favor de bajar la edad de imputabilidad.
Además, el presidente de la bancada de UxP, Germán Martínez, planteó una moción para posponer la firma de los dictámenes, al esgrimir que «el tema no estaba lo suficientemente maduro», pero la propuesta no prosperó.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), destacó que la reforma del Régimen Penal Juvenil «era una asignatura pendiente de este Congreso».
«Este Régimen Penal Juvenil tiene fundamentalmente una función resocializadora, educativa, de contención. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes y adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización», afirmó.
«Las penas alternativas, las medidas alternativas que prevé, la figura del acompañante que va a tener en todo momento el joven que entró en conflicto con la ley penal, son más que indicativos de que fuimos caminando en ese sentido», agregó.
