RADIO CURUZÚ SIOTIO OFICIAL!
Los demandantes en el caso YPF confirmaron en las últimas horas que, por un lado, buscarán que la Corte de Apelaciones que favoreció a la Argentina en el juicio por la expropiación revise su fallo y, por otro, que acudirán a una corte internacional para continuar la demanda.
El fondo Burford, que lleva adelante el litigio en los tribunales norteamericanos, informó a la jueza Loretta Preska cuáles serán sus próximos pasos. Los demandantes en el caso YPF anticiparon que los abogados argentinos ya fueron notificados de que pronto comenzará un juicio en el tribunal del CIADI, dijo Sebastián Maril, de Latam Advisors.
Por otra parte, también mencionaron que buscarán una revisión de la sentencia de segunda instancia que terminó por darle la razón a la posición argentina en el juicio por la expropiación de la mayoría accionaria de YPF en 2012. Eso sucedería antes del 8 de mayo.
Hace un mes la Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones.
En un dictamen histórico para el país, la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la sentencia en un juicio que llevaba más de una década y en el que la Argentina había sido condenada por la Preska.
Ahora más allá de las posibles apelaciones que puedan aparecer, se trata de una victoria para el país en un juicio que llevaba más de una década.
El tribunal consideró que la jueza había interpretado de manera incorrecta la legislación argentina al fallar a favor de los ex accionistas que reclamaban haber sido perjudicados por la nacionalización de la petrolera.
Fue el mayor juicio que enfrentaba la Argentina en tribunales del exterior y la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano, en un contexto en el que incluso el Departamento de Justicia norteamericano se había pronunciado en las últimas semanas a favor del país.
Qué es el CIADI y cómo le fue a la Argentina en otros juicios
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un tribunal internacional que funciona bajo la órbita administrativa del Banco Mundial, una entidad que a su vez integra el mismo sistema que el Fondo Monetario Internacional.
A diferencia de tribunales globales clásicos como la Corte Internacional de Justicia de la ONU o la Corte Penal Internacional de La Haya, no cumple ese rol.
Se trata, más bien, de un mecanismo de arbitraje entre Estados y compañías privadas frente a conflictos derivados, en general, de incumplimientos contractuales. Su objetivo es ofrecer un marco institucional para que las partes puedan dirimir sus disputas.
Tras dos décadas, en 2025 la Argentina dejó de ocupar el primer puesto en el ranking global de países con más demandas en su contra, posición que pasó a manos de Venezuela.
Según datos del CIADI elaborados por el think tank Transnational Institute, en el 86% de los casos en los que participó el Estado argentino el resultado terminó favoreciendo a la empresa demandante. Este tipo de litigios suele originarse, principalmente, en acusaciones de incumplimiento de contratos.
El 92% de las demandas contra la Argentina fue presentado por empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Del total, un tercio (22 casos) corresponde a inversores estadounidenses; detrás aparecen España (10), Francia (8) e Italia (6).
De los 65 expedientes que enfrentó el país —incluyendo los cerrados y los aún en trámite—, 19 están vinculados con contratos de provisión de energía, 11 con inversiones financieras y 10 con servicios de agua corriente. Más atrás se ubican sectores como la construcción y la minería.
Sobre ese total de 65 casos iniciados desde fines de los años 90 y relevados por Transnational Institute, el 51% concluyó con un fallo favorable a las empresas, el 35% se resolvió mediante acuerdos entre las partes y apenas el 12% terminó con una decisión favorable al Estado argentino. El 2% restante no registró una definición.
En términos económicos, el conjunto de las demandas implicó reclamos por unos US$ 36.800 millones. Sin embargo, aquellos casos que llegaron a una resolución con laudo representaron alrededor de US$ 10.046 millones, según datos disponibles hasta noviembre del año pasado.
