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Como era previsible, el Gobierno minimizó el impacto de la multitudinaria marcha federal universitaria realizada en la Plaza de Mayo. El Presidente, ministros y funcionarios de distintos niveles restaron importancia a la movilización y la compararon con la de abril de 2024, considerada una de las más convocantes desde el regreso de la democracia. Desde el Ejecutivo admiten que mantienen una disciplina fiscal estricta para satisfacer a los inversores y no poner en riesgo los indicios de recuperación económica, aun cuando la conflictividad social aumente.
El Gobierno muestra poco optimismo respecto al resultado final en la Justicia, ahora que la Corte Suprema debe resolver el recurso extraordinario federal, aunque prefieren mantener una perspectiva cautelosamente positiva. “Salga como salga el fallo, mientras tanto tenemos superávit”, destacó un asistente a la reunión de la mesa política.
En ese encuentro participó nuevamente Luis Caputo, en tanto que Santiago Caputo, asesor y sobrino del ministro de Economía, ausentó su presencia poco antes de que se oficializara la elección de Sebastián Pareja como presidente de la bicameral de Inteligencia, un organismo encargado de controlar a la SIDE.
En el rectorado de la UBA y en las oficinas del Consejo Interuniversitario Nacional se reunieron este miércoles al mediodía para evaluar el impacto de la marcha. Predominó una sensación de conformidad más que de euforia, debido a la gravedad de la situación. Nadie espera que el Gobierno tienda un puente de diálogo, como ha ocurrido tras movilizaciones anteriores.
A pesar del contexto, el Consejo Superior de la UBA emitió una resolución, a la que tuvo acceso Clarín, en la que agradece el apoyo recibido, insta al Ejecutivo a cumplir con los pagos y solicita a la Corte Suprema que se pronuncie «a la mayor brevedad posible» para «garantizar la plena vigencia de la ley y la protección del sistema universitario argentino». Además, la UBA exigió al juez de primera instancia que se expida prontamente sobre la cuestión de fondo.
Los rectores descartan convocar una marcha hacia Tribunales para presionar a la Corte Suprema, que tiene la última palabra en el asunto. Por su parte, la Procuración solicitó a los magistrados que designen conjueces, debido a que varios jueces supremos también se desempeñan como profesores universitarios y, según la postura oficial, podrían carecer de imparcialidad.
“La situación es muy particular porque está atravesada por los conflictos entre el Gobierno y la Corte. Hay temas vinculados a pliegos enviados al Senado y a la relación con Horacio Rosatti. Existen muchos factores que podrían influir, pero antes que nada hay que ver si la Cámara aclara el carácter suspensivo o no de la medida, hasta que se resuelva el recurso extraordinario en la Corte”, explicó a Clarín un funcionario involucrado en negociaciones previas con las universidades.
Javier Milei intenta enviar una señal clara a los mercados y al FMI de que mantendrá el equilibrio fiscal a toda costa, incluso a expensas del apoyo a su gestión y pese a la caída de la recaudación. En vísperas de la marcha, el Ejecutivo recortó recursos destinados a obras universitarias y al plan de alfabetización, programa que había sido destacado por técnicos de diversos sectores políticos. El Gobierno reasignó gastos por 2,5 billones de pesos, cifra que había calculado como el costo de ejecutar la ley de financiamiento universitario.
Asimismo, el Ministerio de Capital Humano suspendió semanas atrás el programa de vouchers educativos, destinado a sustituir planes sociales, tras un fallo de la Justicia Federal que lo obligó a revertir la eliminación del programa “Volver al Trabajo”.
“Marcha política. Defienden sus cajas usando la educación como bandera (…) Auditar es cuidar la educación pública”, señaló el presidente en un posteo en Instagram, aunque esta afirmación no se ajusta del todo a la realidad, ya que es la Auditoría General de la Nación, por pedido del Congreso, la entidad encargada de fiscalizar a las casas de estudio.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue el más enérgico en rechazar un reclamo transversal y apuntó al rector de la Universidad de Río Negro por sus supuestos vínculos políticos. Este miércoles volverá a participar en un debate televisivo con rectores. Los principales voceros del Ejecutivo sostienen la tesis de que la marcha estuvo partidizada.
Desde el entorno de los rectores aseguran que ni Álvarez ni Pettovello tienen influencia real en el Gobierno. “Caputo está a cargo de los pagos. Están con problemas de liquidez. No tienen plata y no quieren reconocerlo”, comentan en un tono menos formal.
En las redes sociales, espacio cada vez más esquivo para el oficialismo, se evidenciaron claros alineamientos políticos. Un estudio de la consultora Monitor Digital detectó que términos como “Gracias”, “Apoyo” y “Orgullo” predominan en la narrativa, mientras que las expresiones negativas se relacionaron directamente con los consignas de los manifestantes contra el Gobierno: “ajuste”, “corrupción” y “crisis”.
En el Congreso, el oficialismo se encuentra sin margen para insistir con una nueva ley de financiamiento, similar a la que Álvarez y otros funcionarios habían negociado con los rectores.
Durante la reunión de la mesa política convocada por Karina Milei, a la misma hora en que decenas de miles se congregaban en Plaza de Mayo, se anunció que se enviarían nuevos proyectos para sumarse a la media docena que actualmente están estancados en el Congreso.
Adorni, que presentaría su Declaración Jurada a fin de mes,
