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El Tribunal Oral Penal de Mercedes, integrado por los jueces Troncoso, Muschietti y Ríos, dictó sentencia en el marco de un Juicio Abreviado Pleno, imponiendo a ambos acusados una pena de tres años de prisión en ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, y una compensación económica de 1,5 millones de pesos cada uno a favor del municipio.
Además, Domínguez deberá realizar un Curso de Ética Pública y Transparencia en la Administración, como parte de las reglas de conducta establecidas por la Justicia.
El fallo y la polémica
Si bien la condena fue homologada por el Tribunal, el propio presidente del cuerpo expresó que la pena resultaba “exigua” considerando la gravedad de los delitos cometidos por funcionarios electos que manejaron fondos públicos. Sin embargo, explicó que el marco legal vigente impide imponer una pena superior en el contexto de un juicio abreviado sin afectar garantías constitucionales.
Los hechos que destaparon la corrupción
La causa surgió de dos investigaciones judiciales que pusieron en evidencia malversación millonaria de fondos públicos y fraude sistemático durante la gestión municipal.
Caso 1: fondos de pavimentación desviados
Expediente PXC 9493/18
Vecinos frentistas habían aportado dinero a través del Plan de Pavimentación 2012, mediante un fondo específico destinado a obras de infraestructura urbana.
Entre mayo de 2015 y diciembre de 2017 se recaudaron $1.047.474,50.
Estos fondos, en lugar de aplicarse a las obras, fueron sustraídos y desviados sin cumplir con el destino establecido por ordenanzas municipales y resoluciones del Ejecutivo.
Caso 2: compras millonarias sin control
Expediente PXC 9505/18
En 2017, la Municipalidad contrató de manera directa y como única proveedora a la panadería Cabrales, realizando compras por $9.342.848,42 en mercaderías.
El volumen de las adquisiciones era desproporcionado e injustificado.
Nunca se pudo determinar el destino final de esos productos.
Las compras se efectuaron en violación a la Carta Orgánica Municipal y a la Ley de Contabilidad Provincial, eludiendo mecanismos de control y transparencia.
Impacto político y social
La condena marca un antes y un después en la política curuzucuateña, ya que se trata de la primera vez que un exintendente es sentenciado por corrupción con inhabilitación perpetua.
Para la comunidad, el fallo es una señal de justicia, aunque algunos sectores consideran que la pena es demasiado leve frente al daño económico y la traición a la confianza pública.
El caso se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción, dejando expuesta la necesidad de reforzar los sistemas de control interno y la transparencia en la gestión municipa
